Distrito de Vermont

Burlington, Vermont – La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Vermont anunció que Preci Manufacturing Inc. (Preci) acordó pagar $150,000 para resolver las acusaciones de que violó la Ley de Reclamaciones Falsas al vender piezas al ejército de los Estados Unidos que Preci no realizó las pruebas, a pesar de los claros requisitos de prueba contractuales destinados a garantizar la resistencia y durabilidad de las piezas.

Preci, ubicada en Winooski, Vermont, fabrica tuercas, pernos y otros elementos de sujeción que suministra al gobierno federal. Los sujetadores proporcionados por Preci se utilizan en equipos militares, incluidos aviones, y, por lo tanto, requieren protocolos de fabricación precisos y pruebas minuciosas de posproducción. La investigación de Estados Unidos descubrió evidencia de que Preci incumplió repetidamente los requisitos de seguridad y ordenó a los empleados que se saltearan las pruebas obligatorias. El gobierno alega que estos actos engañosos violaron la Ley de Reclamaciones Falsas, un estatuto de fraude civil que prohíbe la presentación consciente de reclamaciones falsas al gobierno.

"Las ventas de Preci a Estados Unidos de piezas que decidió no probar son reprobables, ya que Preci parece haber priorizado sus propias ganancias sobre la seguridad de los productos que proporcionó al ejército", dijo el fiscal federal Nikolas P. Kerest. "Nuestra oficina toma en serio las acusaciones relacionadas con tomar atajos y evadir regulaciones y continuará persiguiendo a las empresas que traicionan la confianza del gobierno y del público".

Específicamente, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, Preci vendió sujetadores al gobierno federal, incluso a través de contratos que imponían estrictos requisitos de prueba a Preci pero que no requerían una inspección gubernamental antes de la entrega. Como se establece en el acuerdo de conciliación, Preci admite que, para algunas de las piezas que vendió al gobierno en virtud de estos contratos, no realizó las pruebas requeridas, incluidas, entre otras, pruebas de durabilidad bajo tensión, pruebas de fatiga, pruebas de doble corte y pruebas de tracción. Preci admite que luego presentó reclamaciones de pago como si hubiera cumplido todas las especificaciones del contrato, cuando en realidad la empresa, a sabiendas, proporcionó al gobierno piezas no probadas.

"La integridad de la cadena de suministro del Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) es de vital importancia para el Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS) de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa", afirmó el agente especial a cargo Patrick J. Hegarty, oficina de campo del DCIS en el noreste. “El Departamento de Defensa espera que sus contratistas cumplan con los requisitos del contrato y proporcionen productos de calidad al ejército estadounidense. El DCIS continuará trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley y el Departamento de Justicia para responsabilizar a los contratistas del Departamento de Defensa por eludir los protocolos de prueba y poner en riesgo a los miembros del servicio militar estadounidense”.

Para resolver las reclamaciones en su contra, Preci acordó pagar a Estados Unidos un total de 150.000 dólares.

"El Departamento de la División de Investigación Criminal del Ejército (CID) tiene asociaciones sólidas con otras agencias policiales federales y estatales enfocadas en esfuerzos de investigación para identificar, interrumpir, disuadir y desmantelar colectivamente actividades ilegales", dijo el agente especial supervisor Michael D. Conner. CID, Agencia Residente de Fraude del Noreste. "Estamos agradecidos por los esfuerzos de colaboración de todas las agencias involucradas, y resoluciones como esta muestran nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes intentarían defraudar al gobierno de los EE. UU. y poner en riesgo la seguridad de nuestros soldados".

La Fiscal Federal Auxiliar Lauren Almquist Lively manejó este asunto para la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Vermont. El apoyo de la investigación fue proporcionado por el Departamento de Defensa DCIS y el Departamento del Ejército CID. Los abogados Zachary M. Dayno y Matthew B. Byrne de Gravel & Shea PC representaron a Preci.

El acuerdo de conciliación entre los Estados Unidos y Preci está disponible en este enlace: Acuerdo de conciliación firmado por Preci.

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